Revolución que transa es revolución perdida

 “Revolución que transa es revolución perdida” es una profética frase atribuida a Venustiano Carranza, pronunciada en  el momento en que Madero firmó los Tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911. La revolución maderista había conseguido la renuncia de Porfirio Díaz a la presidencia pero fue incapaz de administrar su triunfo. Manipulable e inocentón a la hora de negociar políticamente, Madero acabó poniéndose en las manos de los militares porfiristas y dejó que ellos determinaran las desventajosas condiciones en que accedió al poder. Otro intelectual del constitucionalismo, Luis Cabrera,  lo ejemplificó en una sentencia lapidaria: “La revolución, como Cronos, se comió a sus hijos”. La historia de la humanidad está llena de movimientos ciudadanos que nacen impulsados por casusas nobles e ideales auténticos que acaban naufragando y obteniendo algo muy diferente a lo que originalmente  buscaban. A menudo, ese algo obtenido después de años de lucha,  acaba siendo incluso más perjudicial y nocivo que aquello contra lo que el movimiento luchaba. Los ejemplos son miles. Pongo sobre la mesa estas frases, porque (toda proporción guardada)  en este verano he podido constatar cómo el movimiento ciudadano que buscaba exentar del peaje carretero a  los residentes del corredor costero Tijuana-Rosarito, ha acabado por celebrar como un triunfo algo que para cientos de ciudadanos significa un retroceso.  Sin duda es loable y digno de admiración que un grupo de ciudadanos haya decidido abanderar una causa común, como lo era la eliminación del cobro de la arbitraria cuota a la que estamos sometidos cientos de residentes de las comunidades colindantes con la carretera federal. También es aplaudible que el gobernador Jaime Bonilla mostrara tal nivel de decisión y compromiso y agarrara el toro por los cuernos, pues no olvidamos  que sus antecesores siempre fingieron demencia y voltearon para otro lado ignorando el justo reclamo. El problema fue que el decreto emitido por el Gobierno del Estado para liberar el peaje nunca tuvo posibilidades jurídicas reales de llegar a trascender. Al momento de escribir esta columna, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le acaba poner el último clavo al ataúd al dejarlo sin efecto, si bien el propio gobernador ya lo había revocado. Ante el fracaso de este sui generis y mediático acto político y ante la urgente necesidad de poder presumir una victoria y ganar un aplauso al costo que fuera,  se dio una poco clara negociación con el Gobierno federal que arrojó como resultado un acuerdo para eliminar la caseta en Playas y liberar el tramo tijuanense de la carretera, pero a cambio de colocar una nueva caseta en los límites de Tijuana y Rosarito a la altura de Rancho del Mar. Quizá para los vecinos que hacen su vida laboral o escolar en Tijuana esto sea una muy buena noticia, pero para quienes desempeñamos nuestra vida diaria en Rosarito es un devastador, un golpe durísimo a nuestra economía. Aunque catastralmente habitamos en territorio de Tijuana, en la práctica somos rosaritenses por obvias razones de cercanía y funcionalidad. Ahora en mi familia tendremos que pagar por ir a la escuela de nuestro hijo que está a menos de diez minutos de distancia. El golpe sería tan duro, que tendríamos que considerar vender la casa  y mudarnos.  No pongo en duda la nobleza y la honestidad del movimiento vecinal que abanderó esta causa. Desgraciadamente fueron rebasados por la convulsa coyuntura política local y el resultado de la negociación lejos de ser un triunfo será para muchos de nosotros una gran derrota.