Andamiaje institucional

Por fortuna parece que vivimos (todavía) en un país de leyes donde existe un andamiaje institucional y la división de poderes se hace respetar. Más allá de filias, fobias, pasiones, contingencias y circunstancias especiales, la ley es la ley. Punto. Aquí no se trata de que apoyes a muerte un gallo y rechaces a otro, sino de hacer prevalecer la cultura de la legalidad. La gran diferencia entre un país civilizado y una república bananera es el respeto a las leyes. Un respeto basado en un criterio eminentemente jurisprudencial que vaya más allá de lo político. Montesquieu lo tuvo siempre muy claro: “"Para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder”. Esa sencilla frase con esencia de juego de palabras resumió los fundamentos ideológicos que dieron al traste con las monarquías absolutas y establecieron los contrapesos políticos que conforman el gobierno de cualquier nación democrática. En un mundo aún regido a capricho de los monarcas absolutistas donde la palabra o el deseo de un rey era equiparable a la voluntad divina, Montesquieu entendió que el poder debía dividirse para contenerse y que ningún individuo, ni aún el emperador, podía estar por encima de la ley. En lo personal no tengo nada en contra de Jaime Bonilla y estoy consciente de que el año entrante no es el momento ideal para sumergirnos en el desgaste de una nueva contienda electoral, pero me queda claro que hubiera sido un pésimo precedente que se aprobara una gubernatura de cinco años teniendo como "fundamento" una vejación legal orquestada en el Congreso local. Hoy más que nunca es necesario sentar jurisprudencia y dejar claro que no se pueden cambiar las reglas de una elección cuando ésta ya se ha celebrado y también que ninguna consulta popular hecha al vapor puede subvertir el orden constitucional. El oprobio mayor sin duda es para los diputados que se prestaron aprobar semejante adefesio jurídico. Vergüenza absoluta para ellos. El que los once ministros de la Suprema Corte rechacen en forma contundente semejante mamotreto legaloide con frases tan duras como “gran fraude a la Constitución” , “uso de la democracia para violar la democracia” y “violar la voluntad popular usando la Constitución para violar la Constitución” debería ser válido como criterio jurisprudencial para impedir que alguno de esos diputados vuelva a ocupar una posición legislativa en el resto de sus vidas. Ahora bien, por lo que a los bajacalifornianos respecta, sería muy bueno que nos preguntemos qué tipo de gobierno queremos y si seremos capaces de consolidar en 2021 un proyecto con auténtica representatividad ciudadana o si simplemente nos va a valer tres cacahuates como acostumbramos. No olvidemos que el año pasado el abstencionismo volvió a batir en Baja California sus ya de por sí humillantes records. Sí, sin duda veremos un montón de personajes nefastos e impresentables buscando una candidatura y una rebatinga despiadada que ya ha comenzado entre los neo morenistas. Seguro estoy que muchos de los que vendieron espejitos jurídicos a Bonilla y le palmeaban el hombro diciéndole “usted se quedará cinco años ingeniero porque es el mejor gobernador”, son los mismos que a sus espaldas conspiraban para llevar agua a sus molinos sabiendo que no gobernaría más allá de 2021. Después del infame sexenio de Kiko Vega (sin duda el peor gobernador de nuestra historia) inmersos aún en el baño de sangre de la narcoguerra, afectados por el Covid 19 como pocas entidades en México y sintiendo ya los golpes del coletazo recesivo, los bajacalifornianos estamos en un momento particularmente álgido de nuestra historia, un instante decisivo que definirá nuestro rumbo. Ya se aplicó la ley, muy bien ¿y ahora? ¿Qué sigue? ¿Existe algún proyecto sólido, una alternativa viable? ¿Alguien levanta la mano?