La expresión bomba de tiempo se utiliza a menudo cuando se habla de la Penitenciaría de Tijuana. Pues bien, esa bomba ha estallado como nunca antes en la historia de la entidad. Ahora habrá que medir las secuelas del estallido y sus efectos más allá de los tres lamentables decesos. El tristemente célebre “Pueblito” formó parte durante años de la leyenda negra tijuanense, una prisión donde el autogobierno, la impunidad, el narcotráfico y el hacinamiento sentaban sus reales. Máximo ejemplo de un penal donde los reos tronaban sus chicharrones y único sitio en el País donde decenas de niños sobrevivían en el interior el Pueblito creció junto con la ciudad. Las casuchas que conformaban “El Pueblito” fueron derruidas en 2002 siendo ese el primer gran golpe mediático de la administración de Eugenio Elorduy. Cierto, las casas de “El Pueblito” desaparecieron, pero no la impunidad ni el autogobierno y mucho menos el hacinamiento, que no pudo ser solucionado con el penal de El Hongo. De hecho la sola ubicación urbana del penal tijuanense es un absoluto contrasentido y un riesgo latente de una catástrofe mayor en donde no solamente reos y custodios salgan afectados. El motín en el penal de La Mesa, que ha vuelto a poner a Tijuana en el centro de las malas noticias nacionales, pone en evidencia que la bomba de tiempo no ha sido desactivada. La bomba estalló y lo peor es que nadie garantiza que no vuelva a estallar de nuevo. Pone en evidencia también que la forma en que los custodios actúan en el interior dista mucho de apegarse al menos en algo a los derechos humanos, algo que en la cárcel de La Mesa es un mito. La liebre les brincó en la cara al gobernador José Guadalupe Osuna Millán y al secretario de Seguridad Pública Daniel de la Rosa donde menos lo esperaban. Con una penitenciaría como La Mesa en la entidad, un gobernador jamás podrá dormirse en sus laureles ni creer que tiene todo bajo control. Después de todo lo que ha pasado, ahora lo peor que puede pasar es que ya no pase nada.