La marihuana parece haber iniciado su camino a la legalización. Desde un tiempo para acá escuchamos cada vez más voces de líderes que se pronuncian a favor de la despenalización del uso de esta hierba. Ex presidentes como los mexicanos Vicente Fox y Ernesto Zedillo, César Gaviria de Colombia, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y Ricardo Lagos de Chile, además del ex secretario de Estado de Estados Unidos George Shultz, el ex presidente de la Reserva Federal estadounidense, Paul Volcker, el doctor Juan Ramón de la Fuente, el ex secretario de Hacienda Pedro Aspe, entre otros muchos, se pronuncian a favor de legalizar el cannabis. Aquí en Baja California el ex gobernador Ernesto Ruffo fue uno de los primeros en tocar el tema, que hasta hace muy poco era todavía un tabú. En el vecino país, 11 millones 753 mil habitantes de los estados de Colorado y Washington aprobaron el uso recreativo de la mariguana. En Massachusetts se aprobó normar la droga para fines médicos, mientras que Uruguay se ha convertido en el primer país latinoamericano en despenalizar su uso recreativo. Todo este movimiento parece ser positivo. La verdad es incoherente y contradictorio realizar un estéril gasto millonario en fuerzas militares y policiales para combatir y penalizar como delincuente al simple usuario de un narcótico cuyos efectos para la salud son menos nocivos que los de algunas sustancias legales que usted pude comprar en la tienda de la esquina. Consumir o no consumir marihuana debe formar parte de la esfera de libertades individuales de cada ciudadano y su legalización no acarreará un grave problema de salud pública. Lo que sí parece francamente iluso, es creer que con su legalización se dará un golpe al narcotráfico. El problema del crimen organizado en México va mucho más allá del consumo o no consumo de drogas. Es un problema de seguridad nacional. Si los cárteles pierden sus ingresos por tráfico de marihuana, lo más posible es que traten de reforzar otras actividades delincuenciales como el secuestro, la extorsión o el tráfico de migrantes. La legalización no va a acabar y ni siquiera a afectar al crimen organizado, pero al menos permitirá reorientar recursos públicos y dejar de castigar injustamente a consumidores como si fueran delincuentes. En cualquier caso, son más los pros que los contras.